¿Cuánto es la multa por estar ilegal en España?

¿Qué es la estancia irregular?

La expulsión administrativa de un extranjero en situación ilegal está regulada en la Ley Orgánica 4/2000, 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Se aplica a toda persona extranjera que ha infringido la normativa de inmigración, como permanecer en el país sin un permiso válido o cometer infracciones graves. 

Según el artículo 53.1 de la citada Ley de Extranjería, se tipifica como infracción grave esta situación. Sin embargo, se pueden presentar varias circunstancias que pueden ser motivo de sanción.

• Si un extranjero entra al país sin pasar los controles reglamentarios o sin la autorización debida.
• Cuando dicha persona entró legalmente, pero el permiso de residencia venció y no se renovó en el plazo establecido.
• También podría ocurrir que tenga el permiso, pero no cumple con las condiciones exigidas por la ley.

Consecuencias de la estancia irregular

Las consecuencias de esta ilegalidad incluyen sanciones administrativas, que pueden incluir multas económicas, y en situaciones más críticas, la orden de expulsión administrativa del territorio español. Además, esto limitaría el acceso a ciertos derechos fundamentales, como el trabajo, la atención sanitaria, educación y otros beneficios sociales.

Las multas por la estancia irregular

De acuerdo con lo establecido en el artículo 55 de la ley, se prevé la posibilidad de imponer sanciones económicas por la estancia ilegal en el país. Estas multas pueden oscilar entre 501 y 10 000 euros, dependiendo de la gravedad de la infracción como de las circunstancias específicas del caso.

Lo más común es aplicar sanciones que van desde 501 a 1000 euros, aunque la cantidad exacta varía en función de los siguientes factores. En estos casos, se tendrá en cuenta la duración de la estancia de manera irregular, la situación personal y familiar, el expediente de infracciones y la voluntad de cooperar con las autoridades.

Expulsión del país, la sanción más grave

La expulsión del país, regulada también por la Ley de Extranjería, se considera una sanción de mayor gravedad. Este procedimiento se inicia en cuanto se detecta la infracción, aunque la persona tiene derecho a ser notificada y puede presentar alegaciones o impugnar la decisión. Sin embargo, para que esta medida sea legítima, debe cumplirse el principio de proporcionalidad. 

Se suele aplicar cuando la persona participa en actividades ilícitas, puesto que se entiende que representa un riesgo para la seguridad pública. Igualmente, el organismo correspondiente considerará si hay antecedentes penales o administrativos o la existencia o no de vínculos familiares que demuestran el arraigo social.

Cómo es el proceso de expulsión

El proceso de expulsión de una persona que se encuentra ilegal sigue un procedimiento específico. Además, debe garantizar una serie de derechos a los extranjeros que se encuentran en estas condiciones para que se puedan defender. Estos son los pasos habituales en este procedimiento legal.

Detección de la situación irregular

Cuando las autoridades detectan que una persona se encuentra en situación irregular en el país, inician un proceso administrativo mediante la apertura de un expediente sancionador. Se debe aportar toda la documentación necesaria y las circunstancias específicas del caso.

Notificación

Después se le envía una notificación oficial para iniciar el proceso de expulsión. A partir de este momento, la persona afectada es informada sobre su situación y los cargos que se le imputan, lo que le permite ejercer su derecho a presentar alegaciones o recurrir la decisión en los plazos establecidos. 

Alegaciones

La persona tiene derecho a presentar alegaciones y aportar la documentación necesaria para considerar sus circunstancias personales o familiares. Incluso, puede ofrecer pruebas y testimonios que ayuden a reducir o modificar la sanción. También es posible solicitar asistencia legal gratuita, siempre y cuando no se tengan medios. 

Resolución

Después de evaluar estas alegaciones, se emite una resolución en la que se confirma la expulsión o se pone una multa. En este caso, la persona puede recurrir ante la Justicia, por lo que la expulsión podría interrumpirse temporalmente.

Ejecución de la expulsión

Sin embargo, una vez que la decisión ha sido debidamente confirmada y ratificada, adquiere carácter firme, lo que significa que la resolución es definitiva. En este caso, no se contempla la retención temporal, solo es posible durante el proceso sancionador.

Alternativas a la sanción

¿Hay alguna forma de evitar la sanción por cometer esta infracción? Efectivamente, existen algunas opciones que minimizan estos efectos. Sin embargo, hay que considerar las circunstancias individuales de cada persona para facilitar su integración o el regreso al país.

Regularización voluntaria

Esto quiere decir que una persona toma la iniciativa de poner orden en esta situación antes de que las autoridades interpongan la multa o expulsión. La opción es pedir el permiso de residencia alegando el arraigo social, familiar o laboral. La ley que lo regula es el Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, que aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000.

Arraigo social, familiar y laboral

Tanto el arraigo familiar, laboral como social son mecanismos que permiten a los extranjeros regularizar su situación en el país y obtener un permiso de residencia. Aunque ambos comparten el objetivo de facilitar la integración, las características son diferentes.

Arraigo social

Los extranjeros tienen la posibilidad de regularizar su situación si acreditan haber permanecido en España de forma ininterrumpida durante  tres años. También se puede demostrar que disponen de recursos económicos para su mantenimiento o que tienen conexiones con la comunidad.

Arraigo familiar

Esta opción se dirige a aquellos solicitantes que tienen familiares directos en primer grado, o puedan demostrar que han vivido con un familiar. También es una alternativa si han residido de forma ininterrumpida en España.

Arraigo laboral

Esta figura jurídica permite que un extranjero ilegal regularice su situación de residencia y trabajo. Al demostrar que hay un vínculo laboral, se podría obtener el permiso de residencia. No obstante, es necesario demostrar que la relación laboral es de seis meses como mínimo.

Recurso administrativo

El infractor puede presentar un recurso administrativo contra la resolución en el plazo de un mes desde que recibe la notificación. Una vez que la autoridad revisa el expediente, podría solicitar más pruebas adicionales para emitir un nuevo dictamen con la confirmación, modificación o anulación.

Si el recurso no resulta favorable, el infractor tiene la opción de presentar una demanda contenciosa-administrativa. Se tendrán que argumentar los motivos y presentar las pruebas por las que se considera que la sanción es injusta. Después, el Tribunal emitirá la sentencia que considere justa.

En definitiva, la multa por estar ilegal en España acarrea graves consecuencias que pueden afectar la vida de estas personas. En estos casos, lo más conveniente es buscar un asesoramiento legal para regularizar la situación y evitar estas posibles sanciones.