¿Cuánto es la multa por estar ilegal en España?

¿Qué es la estancia irregular?

La estancia irregular se refiere a la situación en la que una persona extranjera se encuentra en España sin el correspondiente permiso de residencia o trabajo. Según la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, esta situación constituye una infracción grave.

En concreto, el artículo 53.1 de esta ley tipifica como infracción grave encontrarse irregularmente en territorio español, ya sea por no haber obtenido la prórroga de estancia, por carecer de autorización de residencia o por tenerla caducada más de tres meses sin haber solicitado su renovación.

Consecuencias de la estancia irregular

Las consecuencias de estar en situación irregular en España pueden variar dependiendo de las circunstancias específicas de cada caso. La Ley Orgánica 4/2000 contempla dos principales tipos de sanciones: multa y expulsión.

Multas

El artículo 55 de la citada ley establece la posibilidad de imponer una multa como sanción por estancia irregular. Las multas pueden oscilar entre 501 y 10.000 euros, dependiendo de la gravedad de la infracción y las circunstancias del caso.

La multa es la sanción más comúnmente aplicada, especialmente en casos donde no existen otros factores agravantes. La cantidad exacta de la multa depende de varios factores como:

• Duración de la estancia irregular: cuanto más tiempo se haya permanecido en situación irregular, mayor puede ser la multa.
• Circunstancias personales y familiares: las situaciones familiares, como tener hijos menores a cargo, pueden influir en la decisión sobre el importe de la multa.
• Historial de infracciones: si la persona ha cometido otras infracciones administrativas o penales, esto puede agravar la sanción.
• Grado de cooperación: la disposición de la persona a cooperar con las autoridades y regularizar su situación puede ser tenida en cuenta para reducir la multa.

Expulsión

Por otro lado, el artículo 57.1 establece que, en ciertos casos, en lugar de una multa, se puede imponer la expulsión del territorio español. La expulsión está reservada para situaciones más graves o cuando existen factores adicionales que justifiquen esta medida. La decisión de expulsión debe estar basada en el principio de proporcionalidad y debe ser debidamente motivada.

• Conductas agravantes: involucrarse en actividades delictivas, representar una amenaza para la seguridad pública o participar en actos de terrorismo.
• Reincidencia: tener un historial de infracciones administrativas o penales relacionadas con la estancia irregular.
• Falta de arraigo: no tener vínculos familiares o sociales fuertes en España, lo que podría indicar una menor integración en la sociedad.

Proceso de expulsión

El procedimiento de expulsión incluye varias etapas para asegurar que se respeten los derechos del infractor:

• Notificación: la persona afectada debe ser notificada formalmente sobre el inicio del procedimiento de expulsión.
• Derecho a ser escuchado: se garantiza el derecho del infractor a presentar pruebas y argumentos en su defensa.
• Resolución motivada: la decisión de expulsión debe estar debidamente fundamentada, especificando las razones de proporcionalidad y cualquier otra circunstancia relevante.
• Recurso administrativo: el infractor tiene derecho a recurrir la decisión de expulsión ante las autoridades administrativas y, en última instancia, ante los tribunales.

Alternativas a la sanción

En algunos casos, es posible evitar la sanción o minimizar sus efectos mediante la regularización de la situación. Existen varios procedimientos que pueden ayudar a los extranjeros a obtener el permiso de residencia y trabajo necesarios.

Regularización voluntaria

La regularización voluntaria implica tomar medidas proactivas para resolver la situación irregular antes de que las autoridades impongan una sanción. Esto puede incluir la solicitud de un permiso de residencia a través de mecanismos como el arraigo social o laboral.

Arraigo social

El arraigo social es un procedimiento que permite a los extranjeros que han residido en España de manera continuada durante al menos tres años obtener un permiso de residencia. Para ello, deben cumplir con varios requisitos:

• Permanencia continuada: demostrar una residencia continuada en España de al menos tres años.
• Carecer de antecedentes penales: tanto en España como en su país de origen.
• Contrato de trabajo: contar con un contrato de trabajo que garantice su sustento.

Otros procedimientos

Además del arraigo social, existen otros procedimientos para regularizar la estancia en España, como el arraigo laboral y el arraigo familiar, cada uno con requisitos específicos.

• Arraigo laboral: este procedimiento está disponible para aquellos que puedan demostrar que han trabajado en España durante al menos seis meses en los últimos dos años.
• Arraigo familiar: está destinado a personas con vínculos familiares directos con ciudadanos españoles o residentes legales en España, como hijos menores de edad o cónyuges.

Recurso administrativo

El infractor tiene derecho a presentar un recurso administrativo contra la resolución sancionadora. Este recurso debe ser presentado dentro de un plazo determinado y permite una revisión de la decisión por parte de una instancia superior.

Plazo de presentación

El plazo para presentar el recurso suele ser de un mes a partir de la notificación de la resolución. Durante este periodo, el infractor puede recopilar pruebas adicionales y preparar sus argumentos para la apelación.

Procedimiento de recurso

El procedimiento de recurso incluye varias etapas:

• Presentación del recurso: el infractor presenta el recurso ante la autoridad competente, detallando las razones por las que considera que la sanción es injusta o desproporcionada.
• Evaluación del recurso: la autoridad revisa el expediente completo, incluyendo las nuevas pruebas presentadas, y puede solicitar informes adicionales.
• Decisión sobre el recurso: la autoridad emite una resolución sobre el recurso, que puede confirmar, modificar o anular la sanción inicial.

Recurso judicial

Si el recurso administrativo no resulta favorable, el infractor tiene la opción de acudir a la vía judicial. Este proceso supone presentar una demanda ante los tribunales contencioso-administrativos, quienes evaluarán el caso de manera independiente.

Pasos del recurso judicial

• Presentación de la demanda: el infractor presenta una demanda judicial, argumentando los motivos por los cuales la sanción es injusta.
• Audiencia judicial: se celebra una audiencia donde ambas partes (el infractor y la administración) presentan sus argumentos y pruebas.
• Sentencia: el tribunal emite una sentencia que puede confirmar, modificar o anular la sanción impuesta por la administración.